*El excongresista entró a la justicia especial en julio de este año y la orden de dejarlo en libertad viene también con una restricción de no salir del país mientras avanza su proceso.

Por: Redacción.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la libertad inmediata del exsenador liberal Álvaro Ashton, admitido en esa corporación por tres de los expedientes que cursan en su contra: parapolítica, presuntas amenazas a un testigo en su contra, y cartel de la toga, pues habría pagado un soborno para evitar que la Corte Suprema de Justicia le emitiera una orden de captura. La justicia especial, a su vez, le limitó la salida del país al excongresista barranquillero y le advirtió que, de no comparecer ante el sistema de verdad, justicia y reparación creado por el Acuerdo de Paz, podría volver a la cárcel.

Aunque el tribunal especial le expidió la boleta de libertad por los casos en los que lo está investigando, esta orden podría quedar sin efecto si el excongresista tiene otros requerimientos judiciales. Sin embargo, este no tiene ninguna otra orden de captura en firme ya que los procesos en su contra en la Corte Suprema están en fase de instrucción. De esta forma, el excongresista del Partido Liberal, que todavía es investigado por el escándalo de Odebrecht y tiene una indagación por presuntos actos sexuales con menores de edad, quedaría libertad este viernes.

La entrada de Ashton a la JEP fue muy resistida, incluso para el mismo tribunal transicional. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le cerró la puerta al exsenador en mayo de 2018. Para los magistrados, aunque el político estaba siendo investigado por crímenes vinculados con grupos armados -los paramilitares-, estos no tenían relación con el conflicto armado.

En el caso de la parapolítica, el tribunal señaló que este fue investigado por el delito de concierto para delinquir, pues el presunto vínculo de Ashton con las Autodefensas buscaba “la obtención de un beneficio personal, que consistió en apoyo electoral para conquistar una curul en el Senado” a cambio de apoyar el trámite de la Ley de Justicia y Paz. Es decir, el exsenador habría sido electo con el apoyo de paramilitares, pero no para perpetuar las acciones violentas de las Auc, sino para “lograr su desmovilización en condiciones penales muy favorables”.

Una opinión similar tuvo el tribunal sobre el cartel de la toga. Después de estudiar las pruebas del supuesto soborno de $600 millones pagado a Luis Gustavo Moreno para que se lo entregará a los magistrados Leonidas Bustos y Gustavo Malo, a JEP señaló que el cartel de la toga no tenía relación con el conflicto porque se trató de “un simple acto de corrupción dirigido a que un servidor público omitiera su deber de administrar pronta y cumplida justicia”. Sin embargo, la defensa de Álvaro Ashton siguió intentando hasta que el caso fue conocido por la Sección de Apelación de la JEP.

En esta instancia, los magistrados le dieron la razón alex congresista en agosto pasado. Aunque en un principio era solo por las investigaciones por parapolítica, la resolución incluyó las investigaciones por presuntamente amenazar a uno de los testigos en su contra en el caso por nexos con el paramilitarismo y el cartel de la toga.

La sección de apelación aseguró que sí hay conexidad con el conflicto armado “en la medida que se comprobara que la conducta delictiva endilgada al exsenador Ashton Giraldo se llevó a cabo con el fin de cubrir con impunidad conductas conectadas con el conflicto”. Queriendo decir la JEP que al presuntamente sobor nar a los jueces por el proceso de parapolítica había una relación con el conflicto que podía ser estudiada por el tribunal transicional.

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