Por: Redacción.

El bombardeo que cobró la vida de ocho menores en el departamento del Caquetá y que ya propició la salida del ministro de Defensa, Guillermo Botero, de su cargo, no para de generar polémica.

El segundo vicepresidente del Senado, Alexander López, anunció que llevará este caso ante organismos internacionales y ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. López anunció que instaurará una denuncia en contra del presidente Iván Duque en la Corte Penal Internacional (CPI), argumentando que hubo violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, durante ese operativo militar en el que murieron estos menores. El congresista de la oposición dijo que “los hechos que ocurrieron en Caquetá son muy graves” y por eso presentará estas “denuncias ante la Comisión de Acusación y la CPI por la masacre de nuestros niños”.

El vicepresidente del Senado también advirtió que se opondrá rotundamente a que se caiga la moción de censura que se impulsa en contra del hoy ex ministro de Defensa Guillermo Botero. “Como firmante de la moción de censura, felicito al senador Roy Barreras por el importante debate al ministro.

Sin embargo, no acepto que la moción no sea votada”, indicó. Y es que varios senadores han advertido que dicho mecanismo, impulsado contra Botero, debería caerse, teniendo en cuenta que él decidió dar un paso al costado para no seguirle haciendo daño al Gobierno del presidente Iván Duque.

Sin embargo, otros legisladores explicaron que el artículo 135
numeral 9 de la Constitución nacional establece que la moción de censura no puede frenarse y por ende debe cumplir todo su trámite. La mesa directiva del Congreso está estudiando fórmulas con su equipo jurídico, para establecer si es necesario continuar adelante o no con la moción, cuya votación fue programada para el próximo miércoles 13 de noviembre en la plenaria del Senado. Por otra parte, Roberto Menéndez, jefe de la misión de apoyo de la Organización de los Estados Americanos al proceso de paz en Colombia (MAPP/OEA), urgió al gobierno y a las autoridades indígenas a dialogar para enfrentar la violencia contra líderes sociales que causó recientes masacres.

El reporte del primer semestre de 2019 documentó confinamientos y desplazamientos forzados, así como amenazas, ataques y asesinatos de líderes comunales y defensores de derechos humanos, reclutamiento forzado de menores y violencia política.

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