Por: Redacción.

En varias carpetas de la Fiscalía ya están listas y a punto de ser efectuadas varias órdenes de captura por las irregularidades y actos de corrupción que presuntamente fueron cometidos en el manejo y contratación del Plan de Alimentación Escolar en el Departamento del Atlántico.

Luego de las capturas efectuadas este sábado contra el secretario de Educación del departamento, Dagoberto Barraza, Emil Pacheco Jiménez, funcionario de esa secretaría, Félix Barrios Ballestas y Uriel Eduardo Reyes, se pudo establecer que dentro de la investigación un fiscal de Bogotá adelanta operativos en compañía de funcionarios del CTI de la Fiscalía para capturar a otros funcionarios que estarían involucrados en las irregularidades de este caso en esta zona del país.

Precisamente, los presuntos hechos de corrupción que hoy son investigados por el ente acusador, fueron puestos en evidencia y denunciados en los años 2016 y 2017. Para esos años salió a la luz pública que en varios municipios del Atlántico la alimentación para los niños en los colegios no llegaba, toda vez que desde la Gobernación no se aportaba lo correspondiente. Incluso, en algunos colegios se llegó a comprobar que la entrega de alimentos no se efectuaba y en algunos casos no se efectuaba completamente.

En ese sentido, para la época fueron claras las declaraciones del secretario de Educación del municipio de Puerto Colombia, José Alfredo Novoa, quien para el momento aseguró que para subsanar la crisis de la alimentación de decenas de niños en varios colegios tuvo que hacer uso de los dineros propios del municipio, porque no eran suficientes los aportes girados por la Gobernación.

Hoy, cuando todo parecía indicar que la historia oscura detrás del PAE era el pan de cada día y un mal de nunca acabar en departamentos como Córdoba y La Guajira, la sorpresa llega para el Atlántico, donde además de Dagoberto Barraza fueron capturados otros cuatro funcionarios de esa secretaría, quienes este domingo fueron presentados en audiencias preliminares ante el Juez 17 Municipal de Barranquilla con funciones de control de garantías para la legalización de sus capturas.

De acuerdo con la Fiscalía, estas personas estarían involucradas en la adjudicación de un contrato por valor de $7.500 millones para el suministro de alimentos a los estudiantes de los colegios públicos que funcionan en 20 municipios del Atlántico, en las vigencias 2016 y 2017.

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