Por: Redacción.

Un hecho inusitado denunció el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en su habitual columna del periódico El Tiempo, donde advirtió que el Invías suscribió con la firma Sacyr una modificación al contrato inicial para la construcción del Puente Pumarejo, que abriría la puerta para que ese agilicen unas reclamaciones de la firma española por $200 mil millones.

Esa modificación, de acuerdo con la denuncia de Vargas Lleras, incorporó un nuevo modelo para la solución de controversias.
De acuerdo al líder político de Cambio Radical, dos días antes de la inauguración del puente Pumarejo la directora de contratación de Invías, Catalina Téllez, concedió esa modificación que básicamente lo que genera es que las reclamaciones de Sacyr no sean estudiadas en la justicia ordinaria, sino en un tribunal de arbitramento en unas condiciones desfavorables para la nación.

Vargas Lleras dice que es extraño que el director del Invías, la subdirección de carreteras y la dirección operativo se hubieran negado a aceptar esa fórmula en este y en otros contratos vigentes en el país, y aun así se hubiera hecho la modificación. Se pregunta además si el Gobierno está enterado de este asunto.
Vea aquí: Acuerdan medidas para evitar más robos en el puente Pumarejo

Lo cierto es que ese tipo de modificaciones, según dice el exvicepresidente, podrían desencadenar una serie de reclamaciones de otros contratistas del Estado que podrían buscar ese mismo tratamiento contractual, lo cual abriría un boquete para que se dé una fuga de recursos por decisiones de los tribunales de arbitramento, sin que los casos sean conocidos por la jurisdicción contenciosa.

Esta es la columna:

El desvergonzado

A las denuncias presentadas por el ‘Noticiero CM&’ y también mencionadas por Daniel Coronell, de politiquería y pago de favores en el Invías, se suma algo muy turbio que nos puede terminar costando más de 200.000 millones de pesos.

El 18 de diciembre, dos días antes de que asistiéramos a la inauguración del puente Pumarejo, la directora de contratación del Invías, doctora Catalina Téllez, suscribió una inexplicable modificación del contrato original con Sacyr, firma constructora de la obra, para incorporarle una cláusula en materia de solución de controversias no prevista en el contrato original.

Digo inexplicable por cuanto Sacyr ya había presentado ante la jurisdicción contenciosa una demanda contra la nación para tramitar sus reclamaciones. ¿Por qué el Invías en vez de asumir una sólida defensa de sus intereses ante esa jurisdicción aceptó la posibilidad de crear un tribunal de arbitramento para ‘agilizar’ el trámite de estas, que hoy ya son 15 y cuyas pretensiones podrían sumar 200.000 millones?

Tanto el anterior director general como el subdirector de la red de carreteras y el director operativo se habían negado a aceptar esta permanente solicitud de Sacyr. Pero ahora, misteriosamente, se abre esta puerta que, además, establece un precedente gravísimo para que los demás contratistas de obras públicas puedan exigir similar tratamiento.

¿Por qué el Invías fue en contravía de los dictámenes del interventor, que eran ampliamente conocidos y compartidos por sus equipos técnicos? En los considerandos del otrosí firmado sí se señaló que la interventoría había emitido concepto, pero deliberadamente se omitió decir que ese concepto había sido negativo.

Cabe recordar que el contrato inicial se adjudicó por 614.000 millones y que ya ha sido adicionado en dos ocasiones en este gobierno por cerca de 130.000 millones, es decir, un 20 % adicional. Esto es precisamente lo que no puede seguir ocurriendo. Que las firmas se ganen los contratos a un precio que luego resulta ‘ajustado’ por medio de adiciones y reclamaciones, la mayoría tramitada precisamente por la vía de tribunales de arbitramento.

¿Y cómo explicar que en el caso del túnel de La Línea, donde el Estado presentó contrademanda y pretensiones por 1,2 billones, el propio Invías disolviera el tribunal para no pagar los honorarios a los árbitros y tomara la decisión, contraria a la del puente Pumarejo, de enviar el litigio a la jurisdicción contenciosa?

Muy interesantes, por contradictorias y desvergonzadas, las declaraciones del director del Invías, Juan Esteban Gil, cuando señaló que “para la entidad, la justicia ordinaria es el mecanismo idóneo para resolver los conflictos”. Qué ironía. Si eso piensa el director, ¿por qué aceptar un tribunal de arbitramento en el caso del puente Pumarejo? Nadie entiende. ¿Estarán también en este caso interviniendo agentes oficiosos de los intereses del contratista en desmedro de la nación?

¿Conocían la Vicepresidenta y la ministra de Infraestructura este cambio en el contrato? ¿Y el mismo director de Invías? Y si es así, ¿por qué delegó la firma de la adición al contrato? ¿Qué opinión les merecerá todo esto al Procurador, al Contralor General y, en especial, al doctor Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica?

¿Será que por este camino, y como ocurrió con el canal de Panamá con esta misma empresa, la obra terminará costándole al país el doble del valor del contrato?

Y a todas estas, ¿qué nos pueden decir Sacyr y el Gobierno de los contratos de concesión que también tienen en las vías Mar 1, de Medellín a Santa Fe, y las vías de Pamplona a Cúcuta, Puerta del Hierro a Cruz del Viso y Rumichaca-Pasto? Todas, unas más que otras, ya presentan retrasos muy considerables. El Gobierno y la ciudadanía tienen que estar atentos al desarrollo de estas obras, pero yo podría asegurar que ninguna se entregará en las fechas contractuales previstas y, más grave aún, todas serán objeto de reclamaciones que, por supuesto, no irán a la justicia ordinaria.

GERMÁN VARGAS LLERAS