*Se notan retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas.*Hay barreras de acceso para solicitar la indemnización administrativa y es muy pobre la cobertura del Programa de Reparación Colectiva.

Por: Redacción.

Una Auditoría de la Contra- loría General de la República a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), donde se determinaron 3 hallazgos fiscales por $2.509 millones de pesos, encontró preocupantes retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas, una pobre cobertura del Programa de Reparación Colectiva, así como una inoportuna reparación de las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado, entre otras situaciones.

Como resultado de la auditoría, la CGR constituyó también 8 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno con otra incidencia que será trasladado la Corte Constitucional. Los hallazgos relacionados con los incumplimientos en materia de reparación son de tal magnitud, que bien pueden llevar a preguntarse ¿Y la reparación de las víctimas para cuándo?

De acuerdo con el presupuesto ejecutado, en 2018 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas pagó $566.291 millones por concepto de indemnizaciones administrativas.

En la auditoría realizada, se estableció inexistencia de una ruta o procedimiento para acceder a la indemnización administrativa, que tiene relación con el represamiento de 1.140.145 pagos pendientes por realizar a 31 de diciembre de 2018, que equivalen al 55%, lo que significa un grave incumplimiento de la orden judicial de la Corte Constitucional prevista en el art. 7 del Auto 206 de 2017, donde se determinó:

“ORDENAR al Director de la Unidad para las Víctimas que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, reglamente el procedimiento que deben agotarlas personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos, cuyas fases se deben tramitar en periodos determinados en el transcurso de los seis (6) años adicionales a los inicialmente contemplados, en los términos descritos en este pronunciamiento…”.

De igual forma, se evidencianron barreras de acceso para solicitar la indemnización administrativa.

De otro lado, en el Programa de Reparación Colectiva, sólo el 1% (6 sujetos de reparación colectiva) de los 631 incluidos en el Registro Único de Vícti- mas (RUV), ha sido reparado de manera integral y completa de acuerdo con las acciones planeadas y concertadas para la reparación, denotando una pobre cobertura al finalizar el 2018.

Más incumplimientos

Otro incumplimiento evidente, es el de las metas de reparación colectiva definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y el Plan de Acción de la UARIV, presentado bajo avance en el indicador “Sujetos colectivos víctimas que cuentan con al menos dos medidas de reparación administrativa implementadas”, tal como se muestra a continuación:

En el Plan de Acción de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de diciembre de 2018, se dejaron de cumplir 6 de las 11 metas de reparación colectiva planteadas este año. No hay reparación pronta y oportuna para las comunidades étnicas.

En relación con las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado en las medidas de reparación, de acuerdo con los Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011, no han sido implementados planes de reparación colectiva en su totalidad.

En consecuencia y contra lo esperado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, los miembros de estas comunidades no son reparados de manera pronta, oportuna y eficaz, resultando revictimizados. El incumplimiento de las acciones y plazos acordados en los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), afectan la confianza institucional en los sujetos donde se habían creado expectativas que finalmente no se van a cumplir, confianza que ya se había afectado con el daño colectivo.

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