Por: Redacción

De acuerdo con el Ministerio Público, la decisión en contra del alcalde de Repelón, Atlántico, periodo 2020-2024, Eduardo Polo Mendoza, se da por una presunta falsedad ideológica en documento público, por lo que la Procuraduría Provincial de Barranquilla pretende establecer si Polo, en marzo del presente año certificó al Consejo de Gestión de Riesgo el concepto favorable para la declaratoria de calamidad pública, sin que presuntamente existieran los requisitos y fundamentos que motivaran la medida, lo que a su vez habría conllevado a que se suscribiera de manera directa un contrato de obra pública por el valor de $1.232.910.905.

Según la información dada a conocer por el Sistema Electrónico de Contratación Pública, con la calamidad pública, se pretendía mitigar los daños de la temporada de lluvias y las afectaciones del arroyo Bartolo, en el sector de Villacarolina, indica la información del proceso que fue publicada en el sitio web de Secop, más de un mes después de haber sido declarada la calamidad.

La Procuraduría busca además establecer los motivos jurídicos que soportaron la declaratoria de calamidad pública, que de acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 exige la evidencia de daños y perjuicios a la comunidad.

De igual forma, los soportes de la información sobre los bienes de las personas que estarían en peligro o que sufrieron daños, y los análisis de la capacidad de las autoridades para afrontar las condiciones de la emergencia en cuestión.

“Se observó que en el Boletín de Predicción Climática y Recomendación Sectorial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales proyectó que para los meses de febrero, marzo y abril predominarían en la región los estados de humedad secos, y habría una disminución en las lluvias entre el 10 y 20% para la época de la declaratoria de la calamidad”, indicó el Ministerio Público. De acuerdo con lo dicho por el ente, el investigado habría intervenido en la firma del contrato con presunta inobservancia de los principios que regulan la contratación del Estado.

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