Por: Redacción

Resulta lamentable para la sociedad no contar con un Estado fuerte para hacer respetar a sus mujeres.

Así lo percibe la opinión pública cuando los agresores de las féminas son brutales y despiadados en los golpes propinados al cuerpo y rostro de sus víctimas, como pudimos observarlo en videos difundidos a través de los medios ocurridos en edificio La Ría contra la médico pediatra Dalila Peñaranda Saurith y la señora Carmen Pérez Monterrosa, a quienes ultrajaron entre más de 6 personas, hombres y mujeres, el día 4 de septiembre, y hoy gozan de total libertad, sin apremio alguno de la Justicia.

Se ha conocido la denuncia pública del representante de las víctimas en este asunto el haber sido escindida la imputación de cargos en dos fiscalías celebrando ya el día 4 de septiembre, una de ellas, la 17 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Audiencia de Imputación y fijación de Medida de Aseguramiento contra uno de los agresores, por el delito de Violencia contra Servidor Público, del cual se ha considerado Víctima, exclusivamente, al Agente de la Policía Nacional, también agredido por los mismos que golpearon a puñetazos y patadas en el piso a Dalila y a Carmen, pero a estas ni siquiera las citaron.

No se necesita ser abogado o especialista en leyes o criminología, después de ver video, para percibir que los Victimarios agredieron al tiempo al agente de policía y a las mujeres. Haber imputado cargos de Violencia contra Servidor Público excluyendo a los demás agresores, para mostrar un falsa “eficiencia” de la fiscalía de conocimiento, haciendo recaer la imputación sólo contra uno y dejar al resto por fuera de las lesiones indiscriminadas causadas por igual a las mujeres y al agente de la policía, constituye una manipulación de la Función Investigadora que desilusiona más allá de las víctimas directas, a la sociedad colombiana que reclama una sanción ejemplar.

La Carta Política de los colombianos asigna a la Fiscalía General de la Nación la función de ser titular de la Acción Penal, la cual debe ejercitar ante los Jueces de Control de Garantías, para imputar, acusar y procesar en Juicio a quienes hayan transgredido con sus conductas punibles bienes jurídicos protegidos.

Si esa legítima función no es aplicada conforme a los hechos y elementos materiales probatorios recaudados en la etapa de la investigación nos encontramos ante una falla en el servicio de la Justicia Penal que resiente a las víctimas y a la sociedad entera.

Las conductas desplegadas por los indiciados en el edificio La Ría del barrio Villa Santos ese 4 de septiembre de 2.020 a la medianoche fueron pluriofensivas ya que tuvieron como víctimas a un servidor público que es un agente de la policía nacional que protegía a dos damas vecinas al apartamento donde había una reunión con música estridente que malograba la convivencia de los copropietarios, pero también a las dos damas que el agente protegía y que fueron vilmente golpeadas y maltratadas, sin que pueda decirse que unos lo hicieran contra uno, con prescindencia de las otras, o viceversa, ya que fueron agresiones simultáneas en el tiempo.

Si esa Audiencia convocada por el Fiscal 17 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública solo imputó a uno de los múltiples agresores y dejó al resto por fuera de la acción penal, estaríamos en presencia de una manipulación que no interpreta la evidencia probatoria.

La Fiscalía General de la Nación debe garantizar a las víctimas mujeres Dalila Peñaranda Saurith y Carmen Pérez Monterrosa que no serán burladas y que hará comparecer al estrado presidido por el Juez de Control de Garantías a todos y cada uno de los Victimarios, sin dejar por fuera a los que pegaban con pies y manos tanto al agente como a las damas.

La credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones se gana con su real presencia expresada en decisiones coherentes, justas y constitucionales que hasta ahora no se conocen en el caso de las dos damas ultrajadas delante de un agente de la Policía Nacional, hechos que involucran a más de seis ciudadanos, no a uno solamente, en ambos casos, como se ha conocido al celebrarse una audiencia el día 4 de septiembre sin la presencia de las víctimas.

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