Por: Redacción

Recientemente, el Ministerio Público determinó que la ley que regula la capacidad legal de las personas mayores de edad con discapacidad (Ley 1996 de 2019) no vulnera la protección contemplada para ellas en la Constitución Nacional.

La Procuraduría, en concepto enviando a la Corte señaló que el contenido de la norma desarrolla las garantías para su protección, porque exige reconocer y garantizar su capacidad legal para que no solo sean titulares de derechos y obligaciones sino para que puedan ejercerlos y exigirlos, razón por la cual la norma de ajusta a la Carta Política, así como a lo establecido en la ‘Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’.

Explicó el órgano de control, que no existe motivo para que frente al derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, la ley incorpore una distinción de trato, y resaltó que existe, en cambio, un mandato expreso para su reconocimiento y garantía bajo un marco de igualdad.

En su concepto, la PGN agregó que, “los mandatos de promoción y protección de las personas con discapacidad, en lugar de anular o sustituir su capacidad, se dirigen a considerar sus necesidades, permitir un mayor nivel de autonomía, fortalecer su inclusión y participación plena y efectiva en la sociedad”.

Ante esto, el Ministerio Público consideró que los artículos 6, 8 y 53 de la Ley 1996 de 2019, que fueron objeto de la demanda, sean declarados exequibles por el alto tribunal.

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