En medio de la expectativa reinante en Colombia por la discusión del salario mínimo para más de 25 millones de colombianos, surge la acalorada polémica a raíz de la expedición del Decreto presidencial 4779 del 24 de diciembre pasado, por medio del cual se establece un reajuste a la asignación mensual para los miembros del Congreso de la República, expedido con fundamento en el artículo 187 de la Constitución Nacional, un aumento que se produce en medio de la emergencia que vive el país por motivos de la pandemia.

No obstante  esta circunstancia, a los Senadores y Representantes les incrementaron el sueldo mensual en casi dos millones de pesos a partir del 1° de enero, lo cual se ha considerado como una exageración si tenemos en cuenta que el presidente Duque había prometido que durante su gobierno se congelarían los estipendios de los integrantes del Congreso.

Al respecto son muchos los conceptos emitidos por quienes han aportado en forma significativa a la economía del país, en especial a lo que tiene que ver con el ofrecimiento de empleos a un considerable número de colombianos como lo es el empresario Christian Daes, quien a propósito esbozó que en Colombia el Gobierno, los sindicatos y los empresarios se pasan un mes hablando de cómo quedará el salario mínimo, enfatizando que la única discusión del país en estos momentos es como le bajan 10 mil pesos al empleado pobre, pero nunca se han detenido a discutir la forma de poner orden a los sectores eléctrico y gas natural, dejando como ejemplo que los inversionistas extranjeros cuando quieren invertir en Colombia lo primero que sacan a relucir es que en nuestro país todo es más costoso y que lo único barato es la mano de obra, destacándose  los costos de la intermediación bancaria y la cantidad de impuestos, lo mismo que los servicios públicos, aspectos que hacen llegar a la lógica conclusión que lo que el Gobierno persigue es hacer “más rico a los ricos y más pobre a los pobres”.

El hecho que en medio de semejante crisis económica en que se encuentra el país en cuanto a desempleo e institucionalidad, no se haya aplazado mediante los recursos jurídicos existentes la puesta en práctica del incremento del sueldo de los congresistas, revela una profunda desconexión entre muchos congresistas, el Gobierno y el país nacional que no quiere que de nuestro bolsillo se tengan que seguir pagando sumas multimillonarias para complacer a algunos miembros de la clase política.

Es que los costos son demasiado elevados –“cojan papel y lápiz”–. El salario mensual de un congresista es de 32’741.000 pesos (hasta el 31 de enero), lo que arroja un costo mensual aproximado de 392 millones y 4.714 millones de pesos al año. Esto sin contar los otros beneficios y derechos laborales que se desprenden de la modalidad salarial, conocida como el factor prestacional, lo que de entrada desborda los $5.300 millones anuales.
A esto se le deben sumar los costos de sus asesores; cada parlamentario tiene derecho a una Unidad de Trabajo Legislativo, a través de  las famosas UTL, que le cuestan al Estado más de 43 millones de pesos mensuales, es decir 526 millones al año, para un total superior a los $6.300 millones, a lo que hay que agregar el factor prestacional.

Pero esto no es todo, como se sabe, los Honorables Congresistas tienen derecho a dos tiquetes aéreos semanales, celulares con plan de datos, dos vehículos blindados por $250 millones cada una y escoltas.

Y métanle además el costo de acondicionar nuevas oficinas, comprar computadores y muebles de cuero,  escritorios,  teléfonos y todo aquello cuya compra es susceptible de ser ‘serruchable’ como tantas veces ha ocurrido en el pasado…

#politicaconlibertad