Hay quienes están  argumentando –y con mucha razón– que le cambió la vida a los colombianos y a los habitantes de todos los países a donde llegó y sigue campante el covid- 19.

El sufrimiento que se observa, las aun visibles limitaciones de la ciencia para combatir este virus, las notables afugias de nuestro sistema de salud y la desesperación de quienes no pueden trabajar para generar sus ingresos, son características de la crisis cada día más creciente, las que han venido desarrollando un gran sentido de responsabilidad frente al cuidado personal y de los que nos rodean y de solidaridad frente a los que viven con angustia por la escasez y la reinante incertidumbre de muchos.

La crisis en la economía y en la vida social, originada por las restricciones obligatorias es preocupante, entre  millones de personas que viven del rebusque y la informalidad, los independientes, los micro y pequeños empresarios, los desempleados por el cierre de mipymes que han dejado de recibir sus ingresos, lo cual ha originado la situación de apremio que se observa en todos los conglomerados de nuestra sociedad.

La buena noticia en medio de la tragedia – aparte del inicio de la aplicación de la vacuna para los mayores de 60 años– es que fue radicado un proyecto en el Congreso de la República con el propósito de crear una renta básica de emergencia para que los colombianos más vulnerables, en medio de la pandemia, puedan acceder a un ingreso mínimo que les garantice su supervivencia, por un monto  equivalente a un salario mínimo durante un periodo de tres meses.

Igualmente, el Gobierno Nacional prometió una  ayuda para todos los que se encuentren en el rango del salario mínimo, a todas aquellas  empresas más golpeadas por la pandemia y que en estos días tendrán inconvenientes  para cancelar las obligaciónes  a sus trabajadores.

Si bien es cierto que este es un derecho de  todos los trabajadores en Colombia, no quedaría mal que el Estado con gestos de esta naturaleza termine  estimulando esa relación fraternal entre trabajadores y empleadores.

No hay que negar  que las anteriores iniciativas se constituyen en efectivos mecanismos de preservación del empleo productivo.

Algunos conglomerados  han insinuado un planteamiento  que se presta para la controversia, que el sector financiero ya sea público o privado se deberá unir en una sola voluntad para enfrentar la emergencia, no solo para mitigar sus daños, sino también para emprender la lucha frontal tendiente a la recuperación y reactivación de la economía nacional.

No se puede negar que la implementación de las medidas de todos conocidas, han sido positivas, ante la necesidad urgente de reducir el ritmo de propagación del Covid-19 y como el mecanismo más aconsejable para evitar el colapso del sistema asistencial.

Lo que sí está bien claro es que la sostenibilidad de las medidas es muy diferente en los países desarrollados, que en un país como el nuestro, en el que abunda la informalidad.

Seguramente en el futuro no faltarán las señales de protesta por parte de algunos grupos sociales que consideran que no han sido atendidas sus necesidades ocasionadas por la pandemia.

Ojalá que no aparezcan los que inducidos por los opositores del actual Gobierno, opten por rebelarse a las medidas que aún existen y salir a las calles a protestar trasgrediendo totalmente los mecanismos de contención del virus, alterando el orden público con bloqueos y saqueos.