Por JUAN BUITRAGO ARIAS

A la protesta tradicional y legítima que convocan las centrales obreras el 1 de Mayo, día del trabajo, convergieron dos protestas más: La protesta apoyada por miles de ciudadanos de bien, sin afinidad política e ideológica, que marcharon y siguen expresando su inconformismo a causa de los efectos de la pandemia, el fallido proyecto de reforma tributaria y el incumplimiento acumulado a compromisos de diálogo social; y una tercera protesta, que no está en la categoría de movilización social, que desafía la institucionalidad, coloca en jaque la seguridad del estado y afecta temerariamente el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacífica y públicamente. ¡Aquella por la que nadie responde!
Esta tercera protesta, que deja pérdidas por 230 mil millones diarios; articulada, organizada y diseñada para atacar sistemáticamente el comercio, los bancos, las estatuas, los medios de comunicación, los peajes, las vías, la policía, los CAI, las iglesias, los centros de salud, las ambulancias, etc; no había alcanzado semejante exacerbación en los últimos tiempos. Ha estado marcada por la agresividad, el resentimiento, el vandalismo, el terrorismo y la criminalidad, sus acciones, arengas y lenguaje son una afrenta al estado social de derecho; y los primeros responsables, intelectuales, mentores o maquinadores, están a la vista, los mismos que actúan y se pronuncian con agresividad y resentimiento en las redes; que promueven y financian subterfugiamente actos vandálicos, terroristas y criminales. Los mismos que tienen en las calles miles de jóvenes, estudiantes, campesinos, trabajadores humildes y venezolanos, a la interperie, bajo la lluvia y sobre el pantano, actuando irracionalmente, con desmedida barbarie, quemando policías en vida, agrediendo a los que se oponen y no protestan, desafiando, provocando y atentando contra la autoridad legítima del Estado.

La dirigencia en la oposición, de izquierda y extrema izquierda, cada vez más fuerte y organizada, navega con iguales coordenadas, aparentemente está fraccionada y enfrentada, con supuestas divergencias sin fondo, con disputas entre sus dirigentes, a causa de vanidades y protagonismos, que se han desvanecido al ritmo de la protesta beligerante, radical y violenta. Nunca antes, como en 2018 Colombia había estado ad portas de elegir un gobierno de izquierda extrema, opción que sigue tomando fuerza, que asusta, genera pánico y activa ¨claúsulas¨; así lo indican las encuestas y la ola de coaliciones para derrotar al partido de gobierno.

Ha emergido así una corriente de izquierda con múltiples matices, que celebra al unísono la crisis que tiene entre las cuerdas al gobierno y que se jacta de haber promovido un desorden general y vandálico que no cesa y que tiende a escalarse, intensificarse y prolongarse en el escenario pre electoral. La izquierda legítima, moderada y racional, no puede ser indiferente y cómplice con ese núcleo duro y recalcitrante incrustado en su seno que abriga a los primeros y directos responsables y mentores, del caos que vive el país. Quién responde por las muertes causadas porque el oxígeno no llega a casa?, quién responde por los enfermos de covid-19 que fallecieron en la vía bloqueada?, quién responde por los pacientes que no han podido acceder a sus medicamentos?, quién responde por los centros de salud destruidos?, quién responde por las flores, los animales, los lácteos y demás productos perecederos hoy marchitándose, muriéndose y perdiéndose en largas filas de vías obstruidas?, quién responde por los 18 peajes vandalizados? quién le responde a los pequeños comerciantes de Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga y otras ciudades del país que fueron objeto de saqueo y destrucción de su único medio de supervivencia? quién responde por la violencia resultado de la ¨justicia privada¨ a la que han acudido taxistas y ciudadanos organizados en sus barrios residenciales?

El arribo al concierto de la izquierda extrema de las Farc y sus milicias desmovilizadas a través del movimiento político Los Comunes, le asigna una nueva dimensión a la protesta, pues exguerrilleros, ahora reintegrados a la vida civil, fueron entrenados por más de cinco décadas para ejercer la violencia, destruir el sistema institucional y económico de la nación y privilegiar el sabotaje como táctica para desestabilizar, sembrar incertidumbre y debilitar la autoridad. Este factor que no puede perderse de vista, debe ser objeto de seguimiento y monitoreo constante, de tal forma que se garantice el pleno tránsito a la legalidad. Modificar el chip de un exguerrillero para que respete la democracia, sus instituciones y la autoridad, y se movilice y proteste en la civilidad, obliga una gran responsabilidad de sus dirigentes.

Las milicias del ELN y de la narcotalia, siempre aliadas y solidarias con la izquierda radical se manifiestan activando sus correas de transmisión, líderes de puestos y células terroristas que cultivan en barrios marginados, universidades, colegios y organizaciones sociales y políticas. Ha habido evidencia, que en estos sectores se acogen elementos insurgentes, permitiéndoles fachadas que encubren su accionar en la clandestinidad. El gran propósito es común, consolidar una arrolladora fuerza urbana nacional que desestabilice la democracia y sus instituciones. Y en este interés, en medio de las protestas, apareció alias Iván Márquez, difundiendo un mensaje que invitaba a la reactivación del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, con motivo de su aniversario de creación el 29 de abril de 2000 en el Caguán y convocando a los círculos bolivarianos, que no son otra cosa que células terroristas urbanas, a participar de la protesta, claro la vandálica.

La anarquía y el vandalismo dejan al descubierto múltiples lecciones que deberían ser objeto de honda preocupación para los colombianos. Primero, el avance de una nueva izquierda, extrema, y radical, dispuesta a avanzar bajo el esquema de que el fin justifica los medios y que acude a la lucha de clases para agudizar el odio, crear caos, incertidumbre e ingobernabilidad. Segundo, recuperar el principio de autoridad, con pulcritud operacional, superioridad de fuerza y aplicando todo el peso de la ley a los responsables políticos y materiales de la violencia; y finalmente, el primer mandatario debe acudir a tiempo al uso de medidas extraordinarias que le otorga la Constitución y la Ley, como la Asistencia Militar y el Estado de Conmoción Interior, y aquí juegan papel crucial los Servicios de Inteligencia y el Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional, en su tarea de asesorar al presidente sobre el alcance, oportunidad y efectos de estas decisiones.
El período que se avecina, muy complejo y de grave polarización política y social, demanda de unas Fuerzas del Orden que inspiren respeto y supremacía de la autoridad, y de unos comandantes que con carácter y serena sabiduría, conduzcan humana e inteligentemente a los soldados y policías de la patria, para que actúen con ponderación y legitimidad frente a unos extremos recalcitrantes que avanzan por conquistar el poder con evidente maldad obtusa.

#politicaconlibertad