Se constituiría en un  verdadero revolcón el trámite de una iniciativa legislativa que ponga punto final a los abusos por la  forma en la que se establecen los peajes y las tarifas que con tanta frecuencia se han venido encareciendo  en Colombia y de lo cual el departamento del Atlántico se encuentra  entre los más afectados.

Lo cierto es que las tarifas establecidas y las que sorprenden a los usuarios por sus frecuentes modificaciones en el costo, no correspondan a lo señalado en la  normatividad vigente, en lo atinente a que la distancia mínima entre cada peaje debe ser  mínimo de 150 kilómetros y  que los incrementos anuales nunca sean superiores al IPC del año anterior y también la prohibición  a municipios y distritos establecer peajes internos.

Lo que se requiere en la actualidad es detener el abuso que históricamente se viene presentando en nuestro territorio atlanticense, en donde se están instalando peajes sin que se expongan los motivos, ya que a la  ciudadanía  se  le ha creado la duda en el sentido que si pagar la suma establecida para cada peaje que se encuentran a unos pocos kilómetros entre uno y otro, es exagerado.

Es urgente que  se regule lo relacionado con el término de duración de las concesiones de los peajes, para evitar que los concesionarios permanezcan más tiempo del inicialmente establecido, porque al parecer no existe en la actualidad un control a esa situación.

Lo cierto es que en el caso concreto de nuestro departamento del Atlántico se ha podido establecer que existe una descarada violación a las normas que rigen la materia relacionada con los peajes, porque es un caso palpable para cualquier simple observador, en el sentido que el Ministerio del Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, no se están percatando de las irregularidades que se están presentando.

En el caso que hoy nos ocupa, lo que se requiere es una medida de mitigación para poner fin a los efectos negativos de carácter social que se están presentando de manera reiterativa  en el corredor vial concesionado en el departamento del Atlántico, en virtud de lo cual lo que se considera viable en estos momentos es mantener las tarifas que se encontraban vigentes de conformidad con la normatividad.

Y es que durante los cinco días que se estuvieron cobrando los nuevos precios en los peajes, tanto los transportadores como conductores y las comunidades que trafican en el área de influencia del corredor vial, manifestaron su desacuerdo con las mismas.

Algunos, a través de varios derechos de petición radicados ante la ANI y la Superintendencia de Transportes, consideraron que el aumento era desproporcionado, injustificado y excesivo.

No es  pertinente que las autoridades, con la arbitrariedad que caracteriza a muchas entidades del Estado no realizaron la socialización previa del valor a incrementar y la fecha a partir de la cual se empezaría a implementar el alza, lo que causó traumatismo entre los usuarios habituales de los peajes, que se encuentran en nuestro departamento, sin que se cumplan los parámetros establecidos.

Es evidente que en lo que respecta a nuestro departamento existe la necesidad urgente que las entidades que manejan el “negocio” relacionado con los peajes, se comprometan a implementar desde ya las acciones tendientes al cumplimiento de la normatividad establecida desde años anteriores para que no se sigan presentando las acciones violatorias, especialmente en lo atinente a la existencia de varios peajes sin tener en cuenta algo tan primordial como lo es la distancia legalmente establecida, caso concreto el de los peajes  Marahuaco, Puerto Colombia y Papiros.

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