Por: Redacción

El día de hoy en la Corte Constitucional, será objeto de debate y posible decisión, el proyecto de borrón y cuenta nueva, que modifica la ley 1266 de 2008 sobre habeas data con relación a la información financiera, crediticia y comercial, aprobado en el Congreso el pasado 9 de junio de 2020.

De acuerdo con el representante a la Cámara y coordinador ponente de la iniciativa, César Lorduy, “millones de colombianos reportados a las centrales de riesgo han esperado no solo que el Congreso haya escuchado sus peticiones, sino también la tan anhelada decisión de la Corte”, detalló el congresista por el partido Cambio Radical.

Según lo han explicado, dentro de los puntos más importantes del articulado, se encuentra una amnistía por única vez para los colombianos que se pongan al día en los doce primeros meses de vigencia de la ley y para quienes lo hayan hecho con anterioridad. Dentro de esa amnistía se hace énfasis en los estudiantes que tengan créditos educativos con el Icetex, en el sentido en el que quienes se pongan al día saldrán inmediatamente del reporte negativo.

De igual forma, si la persona tiene una deuda de bajo monto, es decir, menor al 15% del salario mínimo, recibirá dos comunicaciones antes de ser reportada negativamente. Así, según lo explicaron, tendrá tiempo de pagar y evitar que la incluyan en las llamadas ‘listas negras’. Cabe mencionar que el tiempo del reporte negativo en las centrales de riesgo será del doble del tiempo de la mora y hasta máximo cuatro años. Es decir, sigue como está en la ley de habeas data actualmente.

También, contempla el proyecto, que la calificación crediticia de un ciudadano deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo. Actualmente, si una persona está en mora su calificación disminuye y, aunque pague, esta calificación no sube. Sumado a ello estipula, que la consulta de información crediticia será gratuita para el titular siempre y en todos los canales, y no disminuirá la calificación.

Por otra parte, cabe mencionar, que en el pasado mes de abril, la Procuraduría General de la Nación PGN, conceptuó que el proyecto se ajusta a la Constitución. En el documento enviado a la Corte Constitucional, el Ministerio Público señaló que la norma promueve la educación financiera en los ciudadanos, lo que facilita su acceso al sistema en las mejores condiciones para su economía.

De igual forma, que respeta el principio de caducidad porque prohíbe la conservación indefinida de información financiera en base de datos, después de que hayan desaparecido las causas que originaron el recaudo de la misma.   Sobre el régimen de transición o amnistía general incluido en la norma, la PGN señaló que el núcleo esencial de la libertad de empresa no se ve afectado por la fijación de plazos especiales, porque las competencias de las fuentes, operadores y usuarios en la administración de los datos financieros se mantuvieron.

 Para el órgano de control, la iniciativa responde al principio de solidaridad, pues con su implementación se busca avanzar en la democratización del crédito y garantizar que la ciudadanía tenga un mayor acceso al sector financiero.  Igualmente, determinó la Procuraduría en su momento, que el proyecto no afecta el derecho de los usuarios a recibir información veraz e imparcial sobre el dato personal de contenido financiero o crediticio, así como no genera desigualdad entre deudores morosos y cumplidos y no afecta la estabilidad del sistema financiero.

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