Un año y cinco meses después  que el Gobierno anunciara las primeras medidas de emergencia para hacerle frente a la crisis sanitaria que aún persiste, un somero análisis de este tópico, nos conduce a la fácil conclusión que el balance de gastos durante los 17 meses anteriores es algo nunca visto en la historia de Colombia, a lo cual hay que sumar los estragos de los vándalos en las marchas de protesta.

Desde que se tomaron las medidas de aislamiento social para mermar la velocidad de contagios, el Gobierno desplegó un paquete fiscal para enfrentar las consecuencias de la pandemia, aunque ciertos sectores califican las medidas hasta ahora implementadas como austeras y ortodoxas, otros, la gran mayoría de colombianos, reconocen los esfuerzos del Gobierno para mitigar los impactos producidos por la pandemia.

El margen de maniobra con el que se encontró el Gobierno cuando llegó el virus al país no era muy amplio, esto teniendo en cuenta que su nivel de endeudamiento bordeaba 50,2%, con un espacio fiscal reducido, es así como el Ministerio de Hacienda optó por conseguir fuentes de financiamiento sin recurrir a los mercados internacionales.

Incluso, el jefe de esa cartera en diferentes escenarios comparó la mitigación de la crisis con una guerra, insistiendo en que cada bala del arsenal del país es prestada.

El equipo económico del Gobierno y el propio presidente Iván Duque reveló hace pocas semanas que todo el paquete de apoyo estatal alcanzará a valer más de 13 puntos del Producto Interno Bruto–PIB, lo que representaría cerca de 118 billones de pesos.

En dichas cuentas se incluyen rubros como $24,8 billones del Fondo de Mitigación de Emergencia – Fome, equivalente al 33% del PIB y $60,20 billones  de capacidad de colocación de crédito garantizado; así mismo los aportes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -Fonpet, que suman $2,74 billones; $2,42 billones de las líneas de crédito de redescuento de Bancóldex y Findeter, así como las medidas de liquidez del Banco de la República, que se calculan en $23 billones.

No obstante, existe un debate en torno a la manera cómo se contabilizaron esos $118 billones a los que hicimos referencia.

Muchos consideran que lo anteriormente descrito no es el verdadero paquete de gastos durante lo que va corrido de la emergencia, sencillamente porque en esas cuentas se están mesclando subsidios, capitalizaciones de entidades, firma de garantías y medidas de política monetaria para facilitar liquidez.

Si bien es cierto que muchos de los conceptos que se incluyeron en esa suma constituyen un esfuerzo considerable por parte del Gobierno Nacional, no constituyen gastos fiscales en el estricto sentido de la palabra.

Indudablemente, desplegar un paquete social de esta magnitud en tan poco tiempo es un desafío mayúsculo por las implicaciones logísticas y técnicas que representa.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, el Gobierno a través de Planeación Nacional ha hecho un trabajo importante en la materia, que si bien puede que no sea suficiente por la magnitud de la crisis, sí constituye un hito que abre el paso a programas sociales más agresivos como la renta básica universal.

Lo cierto es que por un periodo largo de tiempo se paralizó el aparato productivo. Se estima que se han perdido más de 4 millones de puestos de trabajo y a pesar del reinicio económico gradual que ya está en marcha, miles de empresas siguen soportando una dura caída, de la cual será difícil reponerse.

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