Se constituiría en un verdadero revolcón el trámite de una iniciativa legislativa que ponga punto final a los abusos por la forma en la que se establecen los peajes y las tarifas que con tanta frecuencia se han venido encareciendo en Colombia y de lo cual el departamento del Atlántico se encuentra entre los más afectados, a pesar de que en días anteriores se hizo alusión a este tema ante las autoridades competentes.

Lo cierto es que las tarifas establecidas y las que sorprenden a los usuarios por sus frecuentes modificaciones en el costo, no correspondan a lo señalado en la normatividad vigente, en lo atinente a que la distancia mínima entre cada peaje debe ser mínimo de 150 kilómetros y que los incrementos anuales nunca sean superiores al I.P.C. del año anterior y también la prohibición a municipios y distritos establecer peajes internos.

Lo que se requiere en la actualidad es detener el abuso que históricamente se viene presentando en nuestro territorio atlanticense, que siendo el departamento más pequeño de Colombia es el en que existe el mayor número de estas ‘alcabalas’, en donde se siguen instalando peajes sin que se expongan con claridad los motivos, ya que a la ciudadanía se le ha creado la duda en el sentido que si pagar la suma establecida para cada peaje que se encuentran a unos pocos kilómetros entre uno y otro, es exagerado.

Nos parece que es urgente que se regule lo relacionado con el término de duración de las concesiones de los peajes, para evitar que los concesionarios permanezcan más tiempo del inicialmente establecido, porque al parecer no existe en la actualidad un control a esa situación.

Lo cierto es que en el caso concreto de nuestro departamento del Atlántico se ha podido establecer que existe una descarada violación a las normas que rigen la materia relacionada con los peajes, porque es un caso palpable para cualquier simple observador en el sentido que el Ministerio del Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, no se están percatando de las irregularidades que se están presentando.

En el caso que hoy nos ocupa lo que se requiere es una medida de mitigación para poner fin a los efectos negativos de carácter social que se están presentando de manera reiterativa en el corredor vial concesionado en el departamento del Atlántico, en virtud de lo cual lo que se considera viable en estos momentos es mantener las tarifas que se encontraban vigentes de conformidad con la normatividad.

Y es que durante el tiempo que se han venido cobrando en los peajes del Atlántico, tanto los transportadores como conductores y las comunidades que se movilizan en el área de influencia del corredor vial, manifestaron su desacuerdo con las mismas.

Algunos, a través de varios derechos de petición radicados ante la ANI y la Superintendencia de Transporte, consideraron que los valores son desproporcionados, injustificados y excesivos.

No es aceptable que las autoridades, con la arbitrariedad que caracteriza a muchas entidades del Estado no realizan la necesaria socialización. Es evidente que en lo que respecta a nuestro departamento existe la necesidad urgente que las entidades que manejan el ‘negocio’ relacionado con los peajes, se comprometan a implementar desde ya las acciones tendientes al cumplimiento de la normatividad establecida desde años anteriores para que no se sigan presentando las acciones violatorias, especialmente en lo atinente a la existencia de varios peajes sin tener en cuenta algo tan primordial como lo es la distancia legalmente establecida, caso concreto el de los peajes Marahuaco, Puerto Colombia y Papiros.