Un año y siete meses después  que el Gobierno anunciara las primeras medidas de emergencia para hacerle frente a la crisis sanitaria que aun persiste, un somero análisis de este tópico, nos conduce a la fácil conclusión que el balance de gastos durante los 19 meses anteriores es algo nunca visto en la historia de Colombia, a lo cual hay que sumar los estragos de los vándalos en las marchas de protesta en ese mismo lapso de tiempo.

Desde que se tomaron las medidas de aislamiento social para mermar la velocidad de los contagios, el Gobierno desplegó un paquete fiscal para enfrentar las consecuencias de la pandemia, aunque ciertos sectores califican las medidas implementadas como austeras, la mayoría de colombianos reconocen los esfuerzos del Gobierno para mitigar los impactos de la emergencia.

El margen de maniobra con el que se encontró el Gobierno cuando llegó el virus al país, no era muy amplio, esto teniendo en cuenta que su nivel de endeudamiento bordeaba 50,2%, con un espacio fiscal reducido; es así como el Ministerio de Hacienda optó por conseguir fuentes de financiamiento sin recurrir a entidades internacionales.

Incluso, el jefe de esa cartera, en diferentes escenarios, ha comparado la mitigación de la crisis con una guerra, a la que había que enfrentarse ya.

El equipo económico del Gobierno y el propio presidente Iván Duque reveló hace pocos dias que todo el paquete de apoyo estatal alcanzará a costar más de 14 puntos del Producto Interno Bruto – PIB, lo que representaría cerca de 120 billones de pesos.

En dichas cuentas aparecen rubros como $24,8 billones del Fondo de Mitigación de Emergencia – Fome, equivalente al 33% del PIB y $60,20 billones  de capacidad de colocación de crédito garantizado; así mismo los aportes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -Fonpet, que suman $2,74 billones; $2,42 billones de las líneas de crédito de redescuento de Bancóldex y Findeter, así como las medidas de liquidez del Banco de la República, que se calculan en $23 billones.

No obstante, existe un debate en torno a la manera cómo se contabilizaron esos $120 billones a los que hicimos referencia.

Muchos consideran que lo anteriormente descrito no es el verdadero paquete de gastos durante lo que va corrido de la emergencia, sencillamente porque en esas cuentas se están mesclando subsidios, capitalizaciones de entidades, firma de garantías y medidas de política monetaria para facilitar liquidez.

Si bien es cierto que muchos de los conceptos que se incluyeron en esa suma constituyen un esfuerzo considerable por parte del Gobierno Nacional, no constituyen gastos fiscales en el estricto sentido de la palabra.

Indudablemente, desplegar un paquete social de esta magnitud, se puede catalogar como un desafío mayúsculo por las implicaciones logísticas y técnicas que representa.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, el Gobierno a través de Planeación Nacional ha hecho un trabajo importante en la materia, que si bien puede que no sea suficiente por la magnitud de la crisis, si constituye un hito que abre el paso a programas sociales más agresivos como la renta básica universal.

Lo cierto es que por periodo largo de tiempo se paralizó el aparato productivo; se estima que se han perdido más de 4 millones de puestos de trabajo y a pesar del reinicio económico gradual que ya está en marcha, miles de empresas siguen soportando una dura caída, de la cual será difícil reponerse.

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