Recientemente se dio a conocer un estudio que consideramos revestido de la mayor seriedad, el cual da cuenta de la difícil situación de violencia que afrontan las mujeres de nuestra ciudad, del Atlántico y Colombia, como también la vulneración de su derecho al acceso a la justicia.

La violencia de la que son víctimas las mujeres en nuestra ciudad, prende las alarmas al evidenciarse la vulnerabilidad de las barranquilleras, frente a las más diversas formas de maltrato.

Aunque en los diagnósticos queda claro que hacen falta estadísticas y registros en muchas entidades, las cifras consolidadas son suficientes para comprender la magnitud del problema.

El hecho de saber que muchas mujeres son maltratadas físicamente por algún miembro de su familia o de un particular; que con mucha frecuencia una mujer es víctima de acceso carnal violento, también por un integrante de su familia y que del total de casos de violencia intrafamiliar la mayoría  de ellas son las víctimas, resulta por decir lo menos, preocupante.

Es digno de destacar que en los últimos 12 meses  se han incrementado las agresiones contra las mujeres en el ámbito del hogar,  basta con revisar los informes en los que se afirma que las denuncias por casos de violencia intrafamiliar  se han  aumentado en el último año.

La espeluznante cifra de 287 mujeres que han sido víctimas de maltrato, protagonizado por sus propios compañeros permanentes, coinciden con las medidas implementadas luego de la  llegada del Covid-19 a Colombia.

Este es un hecho que debería poner en pie de lucha a las autoridades competentes para detener ese otro virus que se ha entronizado  con unas estadísticas que representan un peligro latente para muchas mujeres, quienes se quejan porque en algunos casos presentan las correspondientes denuncias pero son poco atendidas.

Un  primer estudio sobre violencia intrafamiliar realizado por nuestra Unidad Investigativa,  encontró que el 76 por ciento de los agresores son personas cercanas a la víctima.

Se estableció así mismo que no todas las mujeres agredidas físicamente y de palabras, denuncian ante las autoridades y como complemento, el problema evidenciado en las cifras, es prácticamente ignorado por la justicia, ya que la mayoría de casos de violencia contra la mujer queda en la impunidad y si la agredida no presenta la correspondiente denuncia penal es difícil que la Fiscalía emita una acción contra el agresor, al menos que sea sorprendido en flagrancia.

A eso hay que sumarle la falta de programas y políticas gubernamentales que posibiliten analizar la situación y diseñar estrategias para propender por el respeto de las mujeres.

No creemos que se trate de una batalla feminista a ultranza, sino de la búsqueda de la real construcción de una sociedad equitativa e influyente donde se respeten los derechos y donde tanto hombres como mujeres tengan similares oportunidades.

El Gobierno Nacional ha reiterado que se está luchando contra este tipo de violencia y para ello existen entidades que trabajan por y para la mujer como es el caso de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Sea esta la oportunidad para emitir nuestro llamado a las entidades públicas, privadas y a la sociedad en general, para unir esfuerzos en la construcción de un país que ofrezca una verdadera equidad e inclusión de la mujer en todos los aspectos.

#politicaconlibertad