El horror de los ‘falsos positivos’, que comenzó a destaparse desde años atrás en Colombia, sin lugar a dudas se constituye en uno de los capítulos más vergonzosos que hayan tenido que enfrentar las Fuerzas Militares en toda su historia.

Las denuncias contra uniformados que supuestamente asesinaban a civiles para presentarlos como guerrilleros o delincuentes caídos en combate, llegaron a los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluso en el año 2019 condenó al Estado colombiano por casos de ejecuciones extrajudiciales, un asunto que igualmente llegó hasta las instancias de la Corte Penal Internacional.

No cabe duda que uno de los componentes del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las antiguas Farc-EP –firmado el 26 de septiembre de 2016 en el Teatro Colón– que mayores debates ha generado durante los últimos años en Colombia, ha sido el relacionado con la aplicación de los mecanismos de justicia transicional, más específicamente en lo atinente a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, la que agregó otro ingrediente conocido como los ‘falsos positivos’, de lo cual se ha hablado en los últimos días.

Durante más de seis años, la sociedad colombiana ha sido espectadora pasiva de las controversias políticas y jurídicas sobre la constitucionalidad, conveniencia y legitimidad de estos mecanismos.

La verdad es que la justicia transicional y los mecanismos institucionales y sociales que se han diseñado en Colombia, no se han convertido en expresiones de solidez social, sino más bien de profundas tensiones entre estos actores con la proliferación de conceptos que han puesto en duda su efectividad y en los cuales el sentido sobre el derecho, la justicia y las instituciones jurídicas han sido más bien objeto de disputas de esta naturaleza.

Luego de la firma del Acuerdo de Paz sobrevinieron diferentes debates en la sociedad colombiana, específicamente sobre la Justicia Especial para la Paz-JEP y en ese tramo nos encontramos en estos momentos, en los que se está hablando con intensidad de la “paz total”.

Se estableció que quienes hubieran participado en crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, debían comprometerse seriamente en el reconocimiento de los hechos, en el esclarecimiento de la verdad y en la contribución a la reparación.

Si cumplían con tales condiciones, recibirían sanciones, pero de carácter restaurativo, de lo contrario, recibirían sanciones contempladas en la justicia ordinaria tal como está consignado, en el texto en mención.

Un momento bastante complejo y al cual hoy hacemos referencia, corresponde a un proceso de paz en cierne, entre el Gobierno Nacional y las Farc, este se ha catalogado como una negociación política tan extensa como difícil.

En los últimos días la opinión pública colombiana ha exteriorizado su estupefacción por la polémica surgida en lo atinente a otro tema primordial importancia en el marco del conflicto armado que aún subsiste en Colombia, como es el fenómeno de los ‘falsos positivos’, se trata de un contundente pronunciamiento de la JEP respecto a otro de los más oscuros acontecimientos del conflicto armado en nuestro país.

Luego de más de seis años de investigación, la JEP señaló recientemente que el número de víctimas de ‘falsos positivos’ aún no se ha podido establecer, empero el reporte conocido recientemente, no solo revivió el horror y la indignación por esa macabra práctica ilegal, sino que encendió un fuerte debate en torno a las circunstancias de cómo se llegó a esa escalofriante cifra.

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